Los ayuntamientos de la Región se desentienden del control de los pisos turísticos
Los consistorios de la Región no perciben las quejas de los vecinos que hay en las ciudades con más visitantes y dejan la regulación en manos de la Comunidad
Los ayuntamientos de la Región no se plantean entrar a regular los pisos turísticos existentes en la Región. Ninguno ha establecido limitaciones a estos alojamientos en sus municipios, a pesar de que la oferta de camas de las viviendas que se alquilan a través de las grandes plataformas digitales como Airbnb duplica ya a la de los hoteles. Los consistorios consideran que este tipo de hospedajes no suponen un problema ni están originando quejas como las que se producen en otras ciudades con una mayor presencia de turistas. Todos prefieren dejar su control en manos de la Comunidad Autónoma y mantenerse al margen.
La Región tenía en el mes de julio 8.470 viviendas de uso turístico, que suman 42.835 plazas, cuando los hoteles y el resto de establecimientos suman unas 23.000. Cartagena es el municipio que acumula una mayor oferta, con 1.316 , según los datos de la Consejería de Turismo, a las que se suman otras 315 situadas en la franja de La Manga que corresponde a este municipio.
A su vez, la costa de San Javier, que abarca otro tramo de La Manga, tiene otras 955.
La ciudad de Murcia concentra ya 1.034, mientras que Torre Pacheco aparece en tercer lugar, con 1.034.
Mazarrón tiene 774, Los Alcázares alcanza las 570, Alhama de Murcia llega a las 471 y Águilas a las 402.
Esta distribución muestra que las viviendas turísticas se están concentrando en las ciudades de Cartagena y Murcia y en la costa, aunque también aparecen municipios cercanos al litoral con una amplia oferta, como Alhama de Murcia o Torre Pacheco.
Sin embargo, ningún ayuntamiento muestra interés por establecer algún tipo de regulación que evite los problemas que causa la convivencia de los vecinos con los turistas hospedados en viviendas reconvertidas en alojamientos turísticos, en contra de lo que ha ocurrido en otras ciudades con una mayor presencia de visitantes.
Además, las reclamaciones millonarias anunciadas por los propietarios de los pisos turísticos de Barcelona contra el Ayuntamiento tras el anuncio de que no renovará las licencias concedidas puede resultar un escenario poco halagüeño, que no invita a los consistorios de la Región a plantearse aprobar unas ordenanzas propias.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, apunta que ni la Policía Local ni los vecinos han hecho llegar al Consistorio quejas relacionada con la presencia de los turistas. Navarro Corchón apunta que las comunidades de vecinos tienen la posibilidad de establecer cualquier tipo de limitación a través de sus estatutos.
Tampoco la alcaldesa de Águilas, Carmen Moreno, ha recibido hasta ahora quejas de ningún tipo por ruidos o por otro tipo de molestias. Considera que su municipio recibe sobre todo «un turismo familiar», que siempre ha sido el tradicional en esta población costera.
El Ayuntamiento de Cartagena, que es el que concentra más pisos turísticos, responde que está colaborando en «la detección de posibles apartamentos que estén desarrollando la actividad de manera ilícita, pero apuesta más por una normativa general que regule esta cuestión en todo el territorio nacional».
Por otra parte, tanto la Consejería de Turismo como la patronal de hostelería HoyTú han venido defendiendo que los pisos turísticos constituye una oferta de plazas complementaria, que ayuda a disponer de un número de plazas que no pueden ofrecer los hoteles cuando se dispara la demanda, tal y como ocurre con los festivales.
Las viviendas declaradas se han triplicado en cinco años
El número de viviendas de uso turístico declaradas oficialmente en la Región se ha multiplicado casi por tres en cinco años, según los datos de la Consejería de Turismo. Sin embargo, a los 8.470 pisos que contaban con autorización de la Comunidad el pasado mes de julio se suman los alojamientos ilegales que están funcionando sin autorización.
El departamento de Carmen Conesa anunció a principios de mes que las inspecciones realizadas por el Instituto de Turismo habían detectado 421 viviendas de uso turístico y otros alojamientos no reglados que se anuncian en las plataformas digitales como Airbnb.
La Consejería ha ordenado, además, a estos portales de alquiler online que retiren los anuncios de las viviendas sin regularizar.
Los propietarios de estos alojamientos ilegales se enfrentan a una multa de hasta 1.500 euros por no haber regularizado la vivienda.
La proliferación de los pisos turísticos en las ciudades era algo desconocido hace una década, cuando apenas había en toda la Región 76 viviendas destinadas a este tipo de hospedajes, que empezaron a competir con los apartamentos turísticos tradicionales situados en la costa. En el año 2017 había 1.536, mientras que en 2019 superaban las 3.000. Con la pandemia se produjo un leve descenso, pero después ha habido un incremento sostenido año tras año, que ha elevado el número de plazas disponibles a casi 43.000.
