Coto a los pisos turísticos ilegales en la Región con más de 230 inspecciones
Turismo peinará internet para detectar aquellas viviendas cuyos propietarios no hayan formalizado la declaración responsable a la que obliga el Decreto 256/2019
Cerco a los hospedajes ilegales. El Gobierno regional sigue con la labor inspectora durante durante 2024 para cazar aquellos inmuebles de uso turístico bajo el radar. Especialmente los ofertados por plataformas en línea como AirBNB.
Para ello, la Consejería de Turismo del Ejecutivo de López Miras prevé, tal y como informó este miércoles mediante un comunicado, llevará a cabo 231 inspecciones para buscar la «oferta de alojamientos no clasificados» —es decir, sin licencia—, «aunque contamos con que una vez concluido el año se superará con seguridad», admitieron fuentes de la Consejería.
Además, tal y como exige la legislación regional, los inspectores tienen previsto realizar medio millar de visitas a pisos y casas durante el presente ejercicio. Una obligación para los propietarios a la hora de sacar estos inmuebles al mercado y así obtener la categoría de alojamiento turístico. «Está previsto realizar 500, si bien al finalizar el año se superará esta cifra», concretaron las mismas fuentes.
Desde Turismo recordaron que, en lo que llevamos de año, se han incoado 17 expedientes sancionadores por ejercer la actividad de alojamiento turístico sin estar inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región.
Además, también recordaron las cifras de 2023, cuando se realizaron un total de 589 visitas para la obtención de la clasificación turística, se detectaron 152 anuncios de alojamientos sin permiso y se abrió un total de 36 expedientes sancionadores por ejercer la actividad sin haber presentado la declaración responsable de clasificación turística, de los cuales 27 ya han acabado en multas, siendo la sanción media de 1.200 euros.
Labor inspectora
Los funcionarios de la Oficina de Ordenación del Turismo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), dependiente de la Consejería, son quienes velan por el cumplimiento del Decreto 256/2019.
Estos empleados públicos son los encargados de efectuar las comprobaciones en los inmuebles de uso turístico cuyos dueños presentan la declaración responsable para la clasificación turística, lo mismo que sucede con el resto de modalidades de alojamiento en función a sus leyes reguladoras.
Con el fin de evitar aquellos pisos y casas al margen del decreto —esto es, sin haber presentado la pertinente declaración responsable—, se rastrean diversas páginas webs con el fin de detectar alojamientos que se publicitan indebidamente.
No obstante, desde la Consejería insistieron en que «es primordial contar con la colaboración de las empresas comercializadoras a la hora de que no permitan anuncios de anfitriones que no tengan sus alojamientos inscritos en los registros de turismo». En ese sentido, se está trabajando con la plataforma booking.com en los últimos meses. «Nos gustaría que se sumasen el resto», señalaron las fuentes de la Consejería.
Igualmente, desde el Gobierno regional reivindican la creación de «un registro único estatal en el que estas plataformas pudieran consultar la inscripción de los alojamientos antes de autorizar su publicación»; una medida que «contribuiría al control de la oferta no reglada».
De todas formas, los ojos ahora están puestos en la normativa europea sobre Recogida de Datos Relativos al Servicio de Alquiler de Alojamientos de Corta Duración (UE 2018/1724), ideada «como una herramienta eficaz contra los hospedajes ilegales al obligar a las plataformas a suministrar información a las autoridades públicas y el compromiso de no publicar anuncios de alojamientos turísticos no clasificados».
Garantizar la calidad y los derechos de los huéspedes
El Decreto 256/2019, de 10 de octubre, es la legislación autonómica que regula las viviendas de uso turístico en la Región. En el mismo, figuran los requisitos que deben cumplir las casa y pisos para que puedan ser clasificados como alojamientos en dos modalidades, cedidos en su totalidad o por habitaciones, para quienes nos visitan. Por ejemplo, distintivo o placa identificativa, seguro de responsabilidad civil de mínimo 300.000 euros, suministros, extintor, un mínimo de seis metros cuadrados para los dormitorios individuales y de ocho para los dobles, ventanas con cortinas o persianas en las habitaciones, cocinas y cuartos de baño con todo lo necesario para asegurar la habitabilidad del espacio, existencia de un «responsable del alojamiento» o que la casa o el piso esté «suficientemente amueblado y dotado según su capacidad». Por otro lado, los huéspedes deberán ser informados de que tienen a su disposición hojas de reclamaciones, si se admiten o no mascotas, al igual que la prohibición o no de fumar. El precio, el número de registro de turismo o el precio también deberán figurar de forma clara.
Cartagena, líder regional
Hace cuatro años, en 2020, había registradas 3.899 viviendas de uso turístico. Actualmente ascienden a 7.860.
En cuanto a municipios destaca la ciudad de Cartagena, con 1.308 de estas unidades de alojamiento registradas. Le sigue Murcia, con 981; La Manga del Mar Menor, con 870; Mazarrón, con 707; Los Alcázares, con 525; San Javier, con 483; San Pedro del Pinatar, con 461; y Águilas, con 355.
«Los apartamentos de uso turístico refuerzan la capacidad alojativa de nuestros destinos turísticos locales en los periodos de alta ocupación y en aquellos municipios que no disponen de hoteles y otras modalidades de alojamiento más tradicional, y suponen un incentivo a la hora de visitarlos», manifestó la Consejería del área a La Opinión.
