La sentencia pone fin a más de 14 años litigando para demostrar que es titularidad exclusiva de la empresa minera Asturiana del Zinc.
Tras más de 14 años litigando, el Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón definitivamente a las familias mazarroneras en el pleito de las minas. Con una sentencia firme ha fallado que la presa de lodos San Cristóbal II es titularidad exclusiva de la empresa minera Asturiana del Zinc.
En enero de 2021, la Audiencia Provincial de Murcia ya desestimó el recurso de apelación interpuesto por la mercantil antes denominada Minas de Cartes, SA contra la familia Jorquera, confirmando así la sentencia del Juzgado de Totana que resolvía que el propietario del dique y responsable a todos los efectos era la empresa minera.
La batalla judicial comenzó cuando «erróneamente y a sabiendas de que esta familia mazarronera no había construido el dique minero, la administración le imponía una multa de 60.000 euros y le reclamaba que adoptara las medidas de seguridad necesarias sobre el dique presupuestadas en un millón de euros», ha explicado a La Voz el abogado Diego Martínez Mendoza del despacho mazarronero Carrañaca Abogados.
Martínez avanza que ahora se dirigirán contra la Dirección General de Minas comunicando la sentencia definitiva y esperando que resuelvan en consecuencia. «Le reclamaremos todos los daños y perjuicios que han ocasionado indebida e injustamente, porque no entendemos que por parte de la administración se haya empecinado en esta situación y han tenido que estar 14 años para poder llegar a este extremo».
«No entendemos que hayan hecho pasar este suplicio a las familias mazarroneras porque era algo obvio de que ellos no habían hecho ninguna actividad minera ni habían podido ejecutar ese dique. Si la letrada de la administración en este asunto, Esther Arce, tuviera que pagar de su bolsillo todos los gastos y perjuicios que ha generado, quizá nos encontraríamos ante una administración más transparente y justa», detalla el abogado.
Satisfacción por la sentencia en la familia y en el despacho mazarronero, con los letrados Antonio González-Amaliach Cano y Diego Martínez Mendoza, por haber hecho justicia, «a pesar de que ha sido difícil por tener enfrente al despacho Uría Menéndez que es el que normalmente representa a la Casa Real». Por último, el bufete agradece a todos los vecinos las muestras de apoyo y solidaridad que han mostrado a las familias en este asunto.
