Urbanismo lleva a Pleno la propuesta de expropiación del litoral en Percheles

Urbanismo lleva a Pleno la propuesta de expropiación del litoral en Percheles

El expediente permitirá que pasen a propiedad municipal más de 51.000 m2 entre la playa de Las Chapas y Parazuelos

Tras más de cuatro años de conflictos y quejas por parte de los vecinos de Cañada Gallego y los alrededores de Percheles, el Ayuntamiento de Mazarrón lleva el martes al Pleno ordinario «la aprobación inicial de la expropiación del sistema general de espacios libres». Un expediente que, tras «una farragosa tramitación», permitirá al municipio adquirir la propiedad de la franja litoral comprendida entre la playa de Las Chapas y Parazuelos, «unos 3 kilómetros de costa que el Ayuntamiento tiene derecho a usar», explica Ginés Campillo, edil de Urbanismo y responsable de las gestiones y trámites que permitirán por fin zanjar años de protestas y reclamaciones de los vecinos de la zona y veraneantes, que han sufrido enfrentamientos con uno de los propietarios».

Un expediente que, tras «una farragosa tramitación», permitirá al municipio adquirir la propiedad de la franja litoral comprendida entre la playa de Las Chapas y Parazuelos, «unos 3 kilómetros de costa que el Ayuntamiento tiene derecho a usar», explica Ginés Campillo, edil de Urbanismo y responsable de las gestiones y trámites que permitirán por fin zanjar años de protestas y reclamaciones de los vecinos de la zona y veraneantes, que han sufrido enfrentamientos con uno de los propietarios, «Llevamos más de cuatro años de lucha, con dificultades para acceder a la playa de Percheles y con las acampadas ilegales a pie mar», explica Juani Valera, presidenta de la Asociación de Vecinos de

Percheles-Cañada Gallego, sobre las consecuencias de las actuaciones del propietario de los terrenos aledaños a Percheles, que valló el solar, impidiendo el acceso de los bañistas, montó un parking sin disponer de los permisos y, posteriormente, estableció una zona para la
acampada de caravanas y autocaravanas.

Animados tras la reunión mantenida esta semana con el concejal de Urbanismo, Ginés Campillo, que informó a los vecinos de que «está en puertas la expropiación para que, por fin, nos abran el camino a la playa», Juani Valera reconoce que, tras tantos años de lucha, «hasta que no lo veamos, no lo creeremos». «Los vecinos están muy contentos. No se creían que iba a ser una realidad», reconoce Campillo, que explica que el inicio de la expropiación ha requerido un largo proceso, pero que se va a poner fin al problema del camping ilegal en Percheles, que impide el paso de los bañistas a la playa. Además, explica, «hemos aprovechado para expropiar todo lo que había ilegal en la zona por interés general –cuenta en referencia a tres viviendas construidas de forma irregular que también serán expropiadas– y recuperar el espacio para todos los vecinos».

Vecinos de Cañada Gallego confían en que esto ponga fin a los problemas que sufren desde hace más de 4 años para acceder a la playa y que acabe con las acampadas ilegales 

Para el alcalde pedáneo de Cañada Gallego, Francisco Valera, «es una noticia que llevábamos esperando desde el verano de 2017, cuando este hombre empezó a poner trabas para el uso del camino de acceso; imagínate cómo vamos a recibir lo del martes», cuenta y aclara que acudirá al Pleno para verlo en vivo. «Parece que ya por fin está todo bien atado para que salga adelante y poder conservar y proteger el paraje, que ahora está muy modificado».

Dos meses de trámites
El edil de Urbanismo no espera sorpresas y confía en que todos los grupos den la aprobación inicial al proceso de expropiación, porque ya, «en la tramitación informativa, votaron a favor», apunta. Con el proyecto ya elaborado y dotado de crédito para indemnizar a los ocho propietarios afectados, desde el Ayuntamiento estiman que en dos meses se puede llevar a cabo todo el proceso, que permitirá recuperar para el uso público 51.345 metros cuadrados de la franja litoral mazarronera por un coste estimado inferior a los 150.000 euros.

«Tras la aprobación, se abre un periodo de alegaciones de 30 días que desde el Ayuntamiento tendremos que resolver y, posteriormente, aprobar en Pleno. Una vez se hayan dado esos pasos, en el plazo de 20 días se puede expropiar todo», estima Campillo sobre los trámites aún pendientes.

Fuente: Pepa García, La Verdad de Murcia